Torcuato

La tragedia de España era que nunca se había respetado la ley. Los sucesivos regímenes se habían levantado tras una asonada o una revolución, sin considerar las opiniones discrepantes, lo que alentaba el rencor y la inestabilidad.

“Tengo que anunciaros algo”, le dice Franco a Juan Carlos en julio de 1969. “El próximo día 22 voy a nombraros mi sucesor a título de rey”.

El príncipe acaba de volver de Estoril, donde ha pasado unos días con su familia, y la oferta lo coge desprevenido. “Lo está poniendo entre la espada y la pared”, escribe el periodista Juan Fernández-Miranda en la magnífica semblanza que ha publicado de su tío abuelo Torcuato(*). El caudillo había hecho algo similar 20 años atrás con don Juan, obligándolo a escoger entre una monarquía falangista o el exilio. El padre optó por el exilio. Ahora el hijo debe jurar lealtad al dictador o renunciar a la corona.

“De acuerdo, mi general, acepto”, responde finalmente.

Franco sonríe y le estrecha la mano. Se ha salido con la suya. El plan que urdió en los años 40, trayéndose al pequeño Juan Carlos de Portugal para dirigir su educación, ha dado sus frutos. Como Carmen Polo le había señalado, aquel niño era “oro en paño”, un instrumento magnífico para aunar en un heredero la legitimidad de los borbones y la continuidad del Movimiento.

La aceptación del príncipe no es, sin embargo, fruto de la convicción. No cree en el régimen, pero ha debatido largas horas con su tutor cuál debería ser su respuesta. Varias veces le pregunta si al jurar las Leyes Fundamentales no adopta “una actitud falsa”.

“Juráis también el artículo que dice que pueden ser derogadas”, le tranquiliza Fernández-Miranda. “Vuestra Alteza no debe preocuparse. Jurad los principios del Movimiento, que más tarde los iremos cambiando legalmente. Iremos de la ley a la ley”.

* * * * *

 

Torcuato Fernández-Miranda ha nacido en 1915 en Gijón, en el seno de un hogar profundamente católico. Lucha como alférez provisional en el bando nacional, se doctora con una tesis sobre el pecado como concepto filosófico-jurídico y, antes de los 30 años, se ha convertido en el catedrático más joven de España. Este inequívoco pedigrí de chico de derechas se ve, sin embargo, enturbiado por decisiones insólitas, como usar para sus clases el manual de García Pelayo, un constitucionalista que había sido capitán del Ejército republicano.

Fernández Miranda tampoco oculta su admiración por la democracia británica, enseña a Marx y cita con irritante persistencia a intelectuales proscritos. “Es un chico muy formado en Ortega, no es de fiar”, asegura de él un informe.

Será paradójicamente esta heterodoxia la que lo conduzca a la política. Joaquín Ruiz-Giménez, el ministro de Educación que el dictador nombra en 1951 en un gesto (efímero) de apertura, le ofrecerá, primero, el rectorado de la Universidad de Oviedo y, luego, la dirección general de Enseñanza Media.

Contra todo pronóstico, Fernández-Miranda no solo sobrevive a la caída en 1954 de Ruiz-Giménez, sino que es promovido a responsable de Enseñanza Universitaria. Ahí lo sorprenden los desórdenes estudiantiles de 1957. En una nueva ironía del destino, el éxito con que los reprime le granjea reputación de autoritario y, cuando en 1960 don Juan y Franco estudian quién puede ser el tutor del príncipe, la candidatura de Torcuato surge naturalmente.

* * * * *

 

Los encuentros entre Juan Carlos y Fernández-Miranda se celebran en un palacete de la sierra madrileña. No hay libros. “Simplemente charlan, discuten, reflexionan”(*). Ambos coinciden en que el futuro debe ser democrático, pero el profesor insiste en que tan importante como el destino es el modo en que se alcanza. La tragedia de España, dice, es que nunca se había respetado la ley. Los sucesivos regímenes se habían levantado tras un pronunciamiento o una revolución, sin considerar las opiniones discrepantes. Este vicio de origen alentaba el resentimiento y la inestabilidad. Era esencial romper esta maldición, concitar el máximo consenso, evitar la ruptura, lograr que la iniciativa de cambio partiera de las mismas entrañas del franquismo.

Por eso aconseja a Juan Carlos que jure los Principios del Movimiento. “Señor”, lo tranquiliza, “las leyes lo obligan, no lo encadenan”. Y por eso el príncipe los jura. Pero no basta con ocultar su intención ante Franco y desmontar luego alegremente su legado mediante una batería de decretos. El general no es un idiota y, cuando fallece el 20 de noviembre de 1975, lo ha dejado todo “atado y bien atado”.

Las instituciones clave, el Gobierno y las Cortes, están en manos de Carlos Arias Navarro y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, dos notorios representantes del búnker. El rey no puede cesarlos y nombrar sin más a quien le dé la gana. Debe elegir al candidato de entre una terna que elabora el Consejo del Reino, un órgano trufado de franquistas.

Si se quiere ir de la ley a la ley, lo primero que hay que hacer es controlar el Consejo del Reino. ¿Cómo? Juan Carlos decide usar la vanidad de Arias Navarro como palanca. Le pide que convenza a los consejeros para que incluyan a Fernández-Miranda en la terna para presidente de las Cortes y, a cambio, lo ratifica al frente del Ejecutivo.

Mediante esta maniobra, el tutor no solo desembarca en el Legislativo, sino en el propio Consejo, del que el presidente de las Cortes es miembro nato. El siguiente paso será deshacerse de Arias y confiar el Gobierno a alguien capaz de impulsar el cambio. En ese momento los aspirantes con más posibilidades son los ministros de Gobernación, Manuel Fraga, y Exteriores, José María de Areilza. Pero el primero carece de la mano izquierda que requiere una reforma consensuada y el segundo es tan aperturista que sería imposible sacar adelante su nombramiento. Del jovencísimo Adolfo Suárez, por el contrario, ningún consejero sospecha. Nadie luce más gallardo con la camisa azul y la chaqueta blanca. Fernández-Miranda logra que lo incluyan en la terna y, cuando los periodistas le preguntan a la salida de la reunión cómo ha ido, responde: “Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido”.

* * * * *

 

El tercer y decisivo acto de la Transición será persuadir a los procuradores para que se disuelvan y convoquen elecciones libres. Este harakiri se consuma el 18 de noviembre de 1976. Suárez y sus ministros han efectuado una intensa labor comercial previa, quebrando con promesas y amenazas la resistencia de los más dubitativos. El búnker ha quedado aislado, pero un grupo de legisladores capitaneado por Fraga plantea 83 enmiendas que amenazan con eternizar el proceso. Entre ellas hay una cuestión de fondo: el sistema electoral. Fraga defiende un modelo mayoritario, como el británico, y el proyecto prevé uno proporcional, como el italiano. La fortaleza de AP aconseja negociar y se introducen “dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara” a cambio de que las 83 enmiendas no se debatan una por una.

La Ley de Reforma se aprueba por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Las Cortes prorrumpen en una salva estruendosa. Suárez es el centro de todas las miradas. Se pone en pie, se suma a la ovación y luego, girándose hacia la presidencia, aplaude a Fernández-Miranda al tiempo que asiente reiteradamente con la cabeza. “Acaba de consumarse su gran obra política: el paso de un régimen […] a otro sin vulnerar la legalidad, sin violencia, sin rupturas”(*). De la ley a la ley.

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(*)El guionista de la Transición, de Juan Fernández-Miranda. Plaza y Janés. Madrid, 2015.

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