Lo que simboliza la ‘estelada’

Consentir que se enarbole en un Ayuntamiento la enseña de una facción de la sociedad no es un acto de emancipación, sino el primer paso de una peligrosa deriva.

Como era previsible, la justicia acabó autorizando la exhibición de la estelada en la final de la Copa del Rey. La noticia acaparó los informativos desde que la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, prohibiera su entrada en el Vicente Calderón. En el programa de Carlos Herrera escuché a un par de tertulianos lamentarse de que se dedicara tanto tiempo al asunto, y no discuto que haya otros más acuciantes, como las pensiones o los refugiados, pero la guerra de las banderas no me parece en absoluto trivial, porque revela una manera inquietante de entender la democracia.

El auto del juez es tajante en su defensa de la libertad de los ciudadanos para “manifestar y exhibir su ideología”, siempre y cuando no inspire “violencia, racismo, xenofobia o intolerancia”. “La democracia”, añade, “implica pluralismo [y] ampara la discrepancia”. Hasta aquí creo que todos estaremos de acuerdo.

Quienes respaldan la actuación de Dancausa se amparan, sin embargo, en la falta de reciprocidad. “Intente usted desplegar la rojigualda en Cataluña y verá lo que pasa”. En la memoria está fresco el incidente en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona en septiembre de 2015, cuando las autoridades asistieron complacidas al despliegue (ilegal) de una estelada, para a continuación reaccionar furiosamente ante el de una bandera nacional (totalmente legal).

Este indignante doble rasero se da también en el trato con el mundo árabe y muchas voces han exigido que se prohíba aquí el culto musulmán puesto que el católico está allí prohibido. Pero Occidente optó unilateralmente por la tolerancia después de que siglos de matanzas religiosas nos convencieran de que sin ella no hay paz ni progreso. Si en Oriente Próximo prefieren ser intransigentes, peor para ellos.

Comparar a Arabia Saudí con Cataluña es, de todos modos, exagerado. En Riad la conversión al cristianismo se castiga con la pena capital, mientras que en Barcelona el españolismo no es delito. Ningún mosso de esquadra va a multarlo por proclamar que la unidad de la nación es sagrada. Sus vecinos quizás lo miren mal, pero no dirán nada. Y aunque este silencio pueda parecer altamente civilizado, forma una espiral demoledora ante la que la autoridad suele inhibirse, igual que Artur Mas ignoró en el balcón del Ayuntamiento el despliegue de la estelada. Lo hace en parte por quitarse de líos, pero también porque entiende que responde a la voluntad de la mayoría.

Así es la democracia. ¿O no?

Alexis de Tocqueville recoge en La democracia en América una cita de James Madison en la que el presidente estadounidense observa que “una sociedad en la cual el partido más poderoso estuviera en disposición de […] oprimir al más débil” no sería muy diferente del “estado de naturaleza, donde el individuo más débil no tiene ninguna garantía contra la violencia del más fuerte”.

Tocqueville dedica bastantes páginas a este problema. “Cuando”, escribe, “veo que se concede la facultad de hacerlo todo a un poder cualquiera, llámese pueblo o rey, digo: aquí está el germen de la tiranía, y trato de vivir bajo otras leyes”. Para el filósofo francés, “no hay monarca tan absoluto” como “una mayoría investida del derecho de hacer las leyes y ejecutarlas”. Luis XIV no tenía sino “un poder material”. “Cadenas y verdugos, esos eran los instrumentos groseros que usaba”. Pero la soberanía popular está dotada de una “fuerza moral” que, además de constreñir el cuerpo, “traza un círculo formidable en torno al pensamiento. Dentro de esos límites el escritor es libre, pero ¡ay si se atreve a salir!” El pueblo soberano “no consiente que se mofen de él”, apunta Tocqueville. “El más ligero reproche lo hiere, la menor verdad lo molesta”. Y recuerda que la “Inquisición nunca pudo impedir que circularan en España libros contrarios a la fe [católica]”, pero el “imperio de la mayoría” ha borrado “hasta la mera intención de publicar” nada crítico con ella.

A pesar de estas tempranas advertencias, muchos siguen invocando hoy la voluntad general como si fuera el oráculo. “El pueblo ha hablado”, dicen con solemnidad. James Surowiecki sostiene que “los grandes colectivos son más inteligentes que una minoría selecta”. Su libro Cien mejor que uno arranca con una anécdota de Francis Galton. Este inventor británico tropezó durante una feria con un ganadero que invitaba a adivinar a los paseantes cuánto pesaba su buey. Unas 800 personas habían cruzado sus apuestas. Galton pidió al encargado de registrarlas el listado, calculó la media y obtuvo 1.197 libras: ¡una menos que el peso real!

Surowiecki también cuenta que en concursos como ¿Quiere ser millonario? las probabilidades de ganar recurriendo al público rondan el 90%, muy por encima de las que ofrece el comodín de la llamada (65%) o el del 50% (obviamente, 50%).

Semejantes prodigios tienen una explicación bastante pedestre. En el caso del buey, el común de los mortales no es muy bueno estimando pesos. Tiende a pasarse o a quedarse corto, pero cuando se reúne una muestra lo bastante amplia, estas desviaciones se cancelan. Ni siquiera los expertos dan con la cifra exacta, pero, una vez más, tienden a errar por exceso o por defecto, con lo que el promedio de las predicciones se acercará más a la cifra real que cualquier vaticinio aislado.

En cuanto al concurso televisivo, si ningún espectador supiera la respuesta, cada una de las cuatro opciones recibiría el 25% de los votos. Pero en cualquier grupo hay siempre algún listo, lo que desequilibra la consulta en favor de la solución correcta.

Todo esto está magníficamente explicado por Luis M. Martínez Otero y Manuel Molano Mazón aquí y aquí (aunque en lugar del ejemplo del buey usan otro en el que se trata de calcular las gominolas que hay en un bote). Pero su conclusión no es que haya que plegarse dócilmente a la corriente general. Al revés. Lo que hace que el comodín del público funcione es la existencia de “gente que mantiene sus opiniones en contra de la masa (por muy impopulares que sean)”. La preservación de voces discrepantes es “imprescindible para la higiene democrática de una sociedad”.

Además, en unas elecciones no se trata de determinar cuánto pesa una vaca o quién pintó Las meninas. Estas preguntas tienen una única respuesta y las cuestiones políticas tienen tantas soluciones como ciudadanos, porque afectan a preferencias. Con nuestro voto debemos pronunciarnos sobre el grado de libertad, igualdad, seguridad o prosperidad que deseamos. Si estas virtudes fueran compatibles, no habría problema. Pero no lo son. La igualdad socava la libertad, la libertad reduce la seguridad, la seguridad limita la prosperidad… No existe una fórmula que las hermane a todas en una combinación universalmente aceptada. Cada uno de nosotros tiene su propia receta.

Es más, la ilusión de que se pueden armonizar en un credo definitivo es una de las peores ideas en la larga crónica de las malas ideas. Aquí lo sabemos bien. Como cuenta El guionista de la Transición, Torcuato Fernández Miranda atribuía el trágico destino de España a la propensión a anteponer los ideales al derecho. Desde mediados del siglo XIX, los sucesivos regímenes se habían levantado tras un pronunciamiento o una revolución, sin considerar las opiniones discrepantes. Este vicio de origen alentaba el resentimiento y la inestabilidad. De ahí su obsesión por concitar el máximo consenso, evitar la ruptura y lograr que la salida del franquismo se efectuara “de la ley a la ley”.

Este espíritu ha hecho posible el periodo de bienestar y libertad más prolongado de nuestra historia y sería un error renunciar a él. La democracia requiere el respeto de las minorías tanto como la voluntad de la mayoría. Consentir que se enarbole en un Ayuntamiento la estelada, que es la enseña de una facción de la sociedad, no es un acto de emancipación, sino el primer paso de una peligrosa deriva.

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