El héroe inútil

La corrupción no es un problema cultural ni religioso, ni tiene que ver con el tamaño del Estado. Y no se combate con gestas aisladas

El día en que lo iban a matar, Milo Vera llegó a la redacción de Notiver a las ocho de la tarde y escribió una columna sobre Harry Jackson, el nuevo coordinador del programa contra la pobreza de Veracruz, México. El tono del artículo era directo, nada diplomático. Argumentaba esencialmente que el tal Jackson era un inútil. “Fracasó”, escribía Vera, como responsable de circulación y, cuando le confiaron el sistema carcelario del estado, “nada más aguantó dos meses y cacho [pico]”, porque “preliberó” a un miembro de la banda criminal de los Porkis y se le escapó “un centroamericano dentro de una maleta”. A pesar de ello, “Harry no se quedó en la calle, se fue becado […] a España” y “ahora ya fue acomodado en el proyecto más importante […] de [Javier] Duarte [el gobernador de Veracruz]… Que siga el vacilón”.

A Vera le gustaban “la confrontación, el escarnio, la dureza en la crítica”, diría una de sus necrológicas. A finales de los 80 había delatado en su libro Todos están adentro la complicidad de los agentes judiciales en el tráfico de drogas. Recibió numerosas amenazas, pero por si no tenía claro con quién se jugaba los cuartos, el cártel de Sinaloa le mandó en 2007 un recado cristalino. “Aquí te dejamos un regalo”, decía la nota que se encontró en el asiento delantero de su coche. El regalo era una cabeza humana.

Vera no era, sin embargo, un tipo que se dejara intimidar. Al contrario. Semanas antes de que lo acribillaran a balazos había llamado “fantoche” al primo del gobernador, un alto cargo policial que, a pesar de la violencia que sacude Veracruz, “se da tiempo para ir con regularidad a placearse al café […] con un chinche cañón amarrado a la cintura, causando estupor y terror entre la clientela”.

El día de su muerte, Vera tampoco dio ninguna muestra de temor. Después de editar las cuatro páginas de sucesos del diario, se dirigió a su casa “con el cielo de las cinco de la mañana a su espalda”. Estaba ya metido en la cama “cuando”, cuenta la revista Zócalo, “un grupo de por lo menos tres personas armadas ingresaron destruyendo la puerta de la vivienda”. Primero lo mataron a él y luego a su esposa. “El hijo, al percatarse de los hechos, quiso refugiarse en su cuarto, pero fue asesinado por la espalda”.

El entierro se celebró “en un ambiente de rabia, coraje e impotencia”. El gobernador Duarte proclamó que “no hay lugar para la impunidad en Veracruz”, pero dos años y medio después el caso sigue abierto.

La única que se tomaría en serio las pesquisas fue la compañera de sección de Vera, Yolanda Ordaz de la Cruz, otra veterana reportera de sucesos.

 

El Capital. “Tiene poco sentido ser el único médico decente en un hospital corrupto y es seguramente muy peligroso ser el único policía honesto en una comisaría podrida”, dice Bo Rothstein. Este catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo creó hace 10 años el Instituto para la Calidad de Gobierno y ha venido a la Fundación Rafael del Pino a disertar sobre cómo mejorar la integridad del sector público.

Rothstein ha llegado a ser una autoridad en corrupción un poco “por casualidad”. En los años 90 se vio involucrado en una investigación sobre “capital social”, un concepto que había puesto de moda el politólogo de Harvard Robert Putnam. En su artículo “Bowling Alone” (“Solo en la bolera”), Putnam denunciaba que los americanos habían ido reduciendo su participación en redes civiles (partidos, sindicatos, juntas vecinales, asociaciones de padres, incluso clubes de bolos) y que ello estaba socavando la confianza mutua sin la cual no funcionan ni el mercado ni la democracia.

Basaba su conclusión en dos décadas de estudio “casi experimental” de la política italiana. Putnam había descubierto que era el capital social lo que explicaba la diferencia entre el norte y el sur del país, entre Milán y Nápoles. “Aunque todos estos gobiernos regionales eran idénticos sobre el papel, sus niveles de eficiencia variaban drásticamente”, escribía. “La calidad […] venía determinada por las tradiciones de compromiso cívico (o su ausencia). La participación electoral, la lectura de prensa, la afiliación a coros y clubes de fútbol eran las señas de identidad de las regiones ricas. De hecho […] lejos de ser un epifenómeno de la modernización socioeconómica, eran su condición previa”.

La idea de que los buenos ciudadanos hacen los buenos estados sedujo en seguida a Rothstein. En el fondo, es lo que todos pensamos. Si queremos una sociedad decente, tenemos que empezar por ser decentes nosotros mismos. La lucha contra la corrupción se libra en el día a día, predicando con el ejemplo, desde la policía como Eliot Ness o desde la prensa como Milo Vera.

“El problema es que las cosas no funcionan así”, dice Rothstein sacudiendo la cabeza.

 

Moralidad. “Putnam creía que la confianza y el capital social se generan desde abajo”, dice Rothstein, “implicando a la gente en actividades de cooperación”. Las virtudes interiorizadas en esas escuelas de civismo saltaban después del ámbito familiar y vecinal al político, posibilitando la existencia de una vida pública limpia, pero “nuestra investigación no encontró nada que lo corroborara”.

Las regiones más corruptas no lo son porque sus poblaciones sean menos cívicas o peores en términos morales. Las encuestas revelan que los habitantes de cualquier rincón del planeta consideran que el soborno de un funcionario es algo reprobable. No importa que sean de Nigeria o de Suecia: todos coinciden en que perjudica a su país.

Tampoco se trata de una cuestión religiosa. “Las naciones luteranas parecen mejores que las católicas o las musulmanas”, dice Rothstein, “pero el norte de Italia es tan católico como el sur y es igual de honesto que Dinamarca”.

El factor relevante no es el credo en sí, sino el modo en que se financia. “La religión es muy cara”, dice Rothstein. “Hay que construir iglesias y mezquitas, contratar y pagar a los clérigos, mantener escuelas y seminarios, conservar cementerios”. Entre los musulmanes, este esfuerzo se canalizaba a través de fundaciones particulares, cuyos gestores no eran designados por los fieles ni estaban obligados a rendir cuentas.

Por el contrario, en la Europa luterana eran los feligreses quienes sufragaban la parroquia con sus diezmos y tasas, y se volvió habitual que el pastor justificara sus decisiones. Esas estructuras “protodemocráticas de representación, transparencia y responsabilidad” marcarían la gestión del resto de los asuntos públicos.

 

Lo importante. Una tesis muy popular entre los liberales vincula la corrupción con el tamaño de la Administración. “Una larga tradición de economistas considera que el gran gobierno es un mal gobierno”, dice Rothstein. La lógica es clara: cuanto mayor es el sector público, más complicado resulta controlarlo y mayores son las oportunidades de fraude. La tesis la resumió perfectamente el nobel Gary Becker en el titular de una de sus columnas de Business Week: “Para extirpar la corrupción, supriman el gran gobierno”. En su opinión, el origen de esta lacra “es la misma en todos lados: enormes burocracias con capacidad para repartir prebendas entre diferentes grupos”.

Un punto de vista similar sostiene el catedrático de Harvard Alberto Alesina, cuyo análisis, más deductivo que empírico, concluye que un Estado grande incentiva la captación de rentas.

A pesar del “atractivo teórico y la coherencia de este argumento”, dice Rothstein, la realidad cuenta “una historia distinta”. Si se atiende a la pura estadística, hay una correlación positiva (“no fuerte, pero significativa”) entre gasto público y honestidad. Los dos países que encabezan la clasificación de Transparencia Internacional, Finlandia y Dinamarca, no se caracterizan por un aparato estatal pequeño. Y los 10 primeros del ranking recaudan en promedio el 23,6% del PIB en impuestos, frente al 14,5% de los 10 últimos.

¿A qué se debe esta paradoja? Rothstein y sus colaboradores decidieron llevar a cabo un sondeo en Uganda, una república en la que se han introducido todos los arreglos institucionales que se asocian con el buen gobierno (elecciones, prensa libre, funcionariado meritocrático) sin que hasta la fecha la vida pública haya experimentado avances perceptibles. “Preguntamos a los ugandeses qué opinaban de la corrupción, si les parecía mal o no, y manifestaron un rechazo tan intenso como los europeos”, cuenta Rothstein. “Esto no nos extrañó. Lo que sí nos llamó la atención fue cómo reaccionaron cuando les dijimos por qué no se movilizaban contra ese estado de cosas. ‘No es nuestro dinero’, respondieron. Veían que las élites saqueaban los recursos naturales, y lo condenaban. Pero no sentían que les estuvieran robando a ellos”.

“Ésa es la clave”, prosigue Rothstein. Como sucedía en las parroquias luteranas, la gente exige responsabilidades cuando participa en la financiación. “Si los ugandeses hubieran pagado impuestos, se habrían rebelado. Pero no era su dinero”.

Becker y Alesina tienen razón cuando aseguran que un Estado grande brinda más ocasiones de incurrir en conductas deshonestas. Pero los impuestos con que se costea también aumentan los incentivos de los votantes para pedir cuentas.

 

Círculo. Algunos autores han querido minimizar el impacto de la corrupción atribuyéndole la virtud de engrasar las burocracias tercermundistas. Al acelerar sus trámites, dicen, incluso facilitaría el progreso, pero se trata de un argumento de escaso vuelo. “Aunque el soborno por parte de una persona o de una empresa agilice la gestión a esa persona o empresa concretas, es una ventaja que difícilmente puede extenderse”, escribe el consultor John McRae. “Si todo el mundo soborna, la agilidad desaparecerá y los males que pretendían solucionarse (colas, impaciencia, ineficiencia) permanecerán”.

“Durante los últimos años, estamos conociendo muchos datos que apuntan a las catastróficas consecuencias que tiene para una sociedad ser tolerante con la corrupción”, sostiene el profesor de la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente. Degrada prácticamente “todo indicador de calidad de vida”, ya sea crecimiento, protección del medio ambiente o desarrollo del bienestar.

El mecanismo, según Lapuente, es el siguiente: unos agentes públicos deshonestos emiten un claro mensaje sobre “cuáles son las reglas del juego”; los ciudadanos interpretan que cada cual debe ir lo suyo y se desentienden del entorno, abusan de los servicios sociales, defraudan al fisco e incluso roban.

Romper este círculo vicioso una vez en marcha no es sencillo. La corrupción es lo que en teoría de juegos se llama un equilibrio subóptimo: todos saben que estarían mejor si cambiaran, pero nadie se atreve por temor a que los demás no cooperen. Como escribe el columnista Sa’ad Jijji a propósito de Nigeria, ni siquiera los responsables de la depravación pueden disfrutarla plenamente. “El burócrata que malversa fondos para comprarse un coche exótico lo acaba destrozando en las carreteras llenas de baches cuyo mantenimiento ha frustrado. Y la mansión que ha obtenido con el fruto de su robo es una cárcel […] cuyas ventanas a prueba de cacos pueden convertirla en una trampa mortal en caso de incendio”. Y concluye. “La razón por la que la vida en algunos países desarrollados es mejor que en el nuestro es porque han alcanzado un equilibrio superior”.

“¿Y cómo se da ese salto?”, le digo a Rothstein. Si los buenos ciudadanos no hacen los buenos estados, ¿quién los hace?

“Es una pregunta difícil”, responde. “Cuando lanzamos el Instituto hace 10 años, pensamos que bastaría con consultar los libros de historia para ver cómo lo habían logrado Dinamarca, Holanda, Alemania… Pero no encontramos una estrategia articulada”.

Lo que sí emergió fue cierto patrón. “Todos esos países experimentaron en un momento dado una explosión de reformas”, dice Rothstein, “una revolución que afectó a todos los ámbitos: la educación, la justicia, la competencia, las infraestructuras… Eso lanzó a la gente la señal de que no iba a quedarse sola si daba un paso al frente, y entronizó la idea de que el Estado es un foro para debatir el bien común, no una oficina al servicio de una tribu”. Y concluye: “Hace falta una ofensiva general. Si atacas con pequeñas iniciativas a los corruptos, estos se defenderán”. Y a menudo con violencia.

Por eso tiene poco sentido ser el único policía honesto en una comisaría podrida. O el último periodista íntegro de Veracruz.

 

Triste, solitario y final. El cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz apareció dos días después de su secuestro en un solar. Le faltaba la cabeza, que sus asesinos depositaron cerca de un diario, como “advertencia contra otros comunicadores”.

Ordaz llevaba un mes indagando sobre el triple asesinato de Vera y su familia. Las autoridades no creen, sin embargo, que exista conexión entre su muerte y su labor de reportera. Dicen que estaba a sueldo del crimen organizado y que se trata de un ajuste entre bandas rivales.

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