La piedad peligrosa

Dificultar los desahucios beneficia a los morosos actuales, pero a costa de perjudicar a los futuros contratantes.

“La gente se mata para pagar su hipoteca”, me decía un amigo a propósito del drama de los desahucios. “¿No podían tener los bancos más consideración?”

La respuesta es que la gente se mata para pagar su hipoteca justamente porque los bancos pueden tener poca consideración. En España, la responsabilidad hipotecaria es ilimitada, lo que significa que, si la entrega de la casa no cubre el valor del préstamo, algo que suele ser habitual, el deudor responde con el resto de los bienes. Así, se da a veces el espectáculo de un matrimonio de ancianitos a los que una entidad arrebata su casa y, además, se queda con parte de sus ingresos.

Esto no es ni edificante ni eficiente. Cuando una familia cancela el préstamo mediante la entrega de la vivienda (la dación en pago), libera recursos que puede destinar a otros bienes y que, por tanto, generan demanda y crecimiento. Sin embargo, la responsabilidad hipotecaria ilimitada es la norma en Occidente, incluido Estados Unidos, donde la dación sólo es forzosa en una docena de estados. ¿Cómo se explica tanta unanimidad?

Básicamente, porque perjudica a quienes cumplen religiosamente con sus pagos, que son la inmensa mayoría. En España las partes podrían (teóricamente) ponerse de acuerdo para limitar la responsabilidad al bien hipotecado, pero eso reduciría los medios de que disponen las entidades para resarcirse en caso de impago y exigirían a cambio intereses más altos. Ése sería el primer efecto si se generalizara la dación: tendríamos menos hipotecas y serían más caras.

El segundo efecto sería que muchas familias no se esforzarían tanto para atender sus cuotas mensuales. Devolverían las llaves al banco, se irían a vivir con sus padres y volverían a empezar de cero. El resultado sería un aumento de la morosidad, lo que haría que los bancos cerraran más el grifo del crédito.

Finalmente, la dación dispararía la llamada “insolvencia estratégica”, es decir, aquella que se declara cuando el precio del mercado de la vivienda cae por debajo del de tasación, y que no viene determinada por situaciones de extrema necesidad, sino por un mero cálculo contable. La experiencia de Estados Unidos revela que no es un problema menor y, en nuestro caso, sería otro lastre más que añadir a los congestionados balances del sector financiero.

O sea, que el despiadado régimen hipotecario español tampoco está tan mal. Genera incentivos que mantienen la morosidad de las familias en niveles muy bajos (en torno al 3%) y nos permiten beneficiarnos de préstamos a un interés razonable.

Todo esto no significa, claro, que el modelo no sea mejorable. El Ministerio de Economía es consciente de que pueden darse abusos y promulgó antes del verano un Código de Buenas Prácticas que exhorta a los bancos a reestructurar la deuda de los colectivos más vulnerables. La izquierda sostiene que ha sido una medida inútil, y tiene razón, pero no porque los consejos del Gobierno se hayan ignorado, sino porque ya se estaban poniendo en práctica. Las entidades no tienen el menor interés en quedarse con pisos vacíos, que no van a vender en mucho tiempo y cuyo mantenimiento e impuestos deben sufragar. Pero, por otra parte, tampoco pueden andar por ahí perdonándole la hipoteca a la gente, porque acabaría por no pagar nadie.

Esta situación imposible llevó a algún banquero incluso a plantear a Cáritas que se hiciera cargo de las cuotas de los “deudores de buena fe” con los fondos que él mismo le prestaría, pero el suicidio de Amaya Egaña (por motivos que nada tienen que ver con la extrema necesidad) ha precipitado una nueva intervención del Gobierno.

Aunque inicialmente se planteó como una reforma de la ley hipotecaria, no parece que vaya a tocarla. El decreto anunciado se limita a fijar un periodo de gracia de dos años para los deudores con escasos recursos: familias con ingresos inferiores a 19.200 euros anuales y que sean numerosas o monoparentales con dos hijos, o con un menor de tres años o un discapacitado a su cargo, etcétera. También crea un fondo de viviendas para acoger a quienes ya hayan sido desalojados.

Las plataformas de afectados han manifestado su decepción, pero esto no es necesariamente malo, porque su planteamiento habría sido ruinoso, y no sólo para la banca. No olvidemos que en economía las barreras de salida se convierten rápidamente en barreras de entrada y que dificultar la ejecución beneficia a los morosos actuales, pero a costa de perjudicar a los futuros contratantes. Habrá que ver qué les dicen ahora, cuando vayan a pedir una hipoteca, a las familias numerosas o monoparentales con dos hijos, o con un menor de tres años o un discapacitado a su cargo, etcétera.

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