La continuación de la oposición por otros medios

Las elecciones son un procedimiento bastante burdo de medir la voluntad popular, pero mejor que una huelga general.

Si se fijan, los convocantes de la huelga general recurren a menudo a la vieja retórica marxista. Hablan de “los oprimidos”, de “la clase dominante”, de “la lucha del trabajo frente al capital”. Este discurso quizás tuvo algún sentido (algún sentido) en el siglo XIX. Había unos propietarios de los medios de producción, había unos asalariados y nada impedía a los primeros pagar a los segundos lo estrictamente justo para cubrir su subsistencia. No era mala fe, sino pura física: la ley de bronce explicaba que pagarles menos habría comprometido la productividad (un obrero bien alimentado rinde más) y pagarles más habría sido inútil: cualquier patrono que hubiera intentado mejorar las condiciones de sus empleados habría visto cómo estos aprovechaban para tener más hijos, lo que habría elevado la oferta de mano de obra y habría devuelto los salarios de nuevo al nivel de subsistencia.

Muy a brocha gorda, el orden natural del capitalismo dividía a la población en propietarios del capital, que dirigían las empresas y vivían de las rentas, y proletarios, que trabajaban de sol a sol y nunca podrían sacudirse las cadenas si no recurrían a la movilización política.

Todo esto, obviamente, ya no es así (si es que alguna vez lo fue: como descubrió Henry Ford, pagar bien a los trabajadores era importante no por razones humanitarias, sino prácticas: “Una empresa de sueldos bajos siempre es insegura”, decía, porque la gente se te está yendo continuamente a la competencia). Los asalariados ya no están inermes. Como cualquier otro ciudadano, disponen de representantes parlamentarios que defienden sus intereses, y de leyes y jueces que velan por sus derechos.

Tampoco existe el abismo que separaba al capital del trabajo. Los propietarios de las empresas son hoy pequeños accionistas, empleados por cuenta ajena en su inmensa mayoría. Y resulta ofensivo excluir de la clase trabajadora a los directivos, que no son rentistas que se limiten a percibir dividendos y gozar de la vida.

Es verdad que persisten desigualdades, incluso que han crecido, pero su fuente no es ya la propiedad de los medios de producción, sino la llamada carrera entre la tecnología y la educación. Las empresas demandan personal cada vez más preparado y, cuando la oferta universitaria no es capaz de seguir su ritmo, se da una carestía de titulados que dispara sus sueldos. Al mismo tiempo, la globalización obliga a la mano de obra no cualificada a competir con el Tercer Mundo, lo que deprime su retribución.

La acción combinada de estas dos fuerzas está abriendo las diferencias entre asalariados como una formidable tijera, pero para cerrarla las huelgas generales tienen una utilidad relativa y, de hecho, su incidencia ha decaído en todo el mundo. ¿Por qué siguen convocándose, a pesar de todo? Son acontecimientos mediáticos. Buscan crear la noticia, ocupar los telediarios y las portadas. Son la continuación de la oposición, solo que por otros medios.

Que nadie entienda con esto que pretendo restarles legitimidad, pero que nadie pretenda tampoco conferirles más de la que les corresponde. Las elecciones ya son un procedimiento bastante burdo de medir la voluntad popular (con una papeleta hay que pronunciarse sobre la gestión económica, la política exterior, la sanidad…), pero, ¿qué me dicen de una huelga? En principio, su funcionamiento es sencillo: el trabajador mete por un lado su indignación y por el otro sale una cantidad proporcional de jaleo. Pero dentro del tubo pasan cosas raras: están los piquetes, te descuentan la parte proporcional del salario, no hay una cabina con cortinillas y todo el mundo ve lo que haces…

Y luego el resultado no se puede contar, como los votos. Hay que interpretarlo y, dado que ello dista de ser una disciplina científica, los sindicatos montan grandes marchas para acompañar la jornada de lucha. Es verdad que en recuento de manifestantes se ha hecho algún avance, pero las horquillas siguen siendo amplias: los organizadores dan una cifra, la policía otro… Había una empresa que se dedicaba a realizar estimaciones imparciales, Lynce, pero cerró. Una lástima. No había mucho que contar con Zapatero, pero con Rajoy se habrían puesto las botas.